Gendarmería rastrilla campo donde mataron a militante de la CTEP

Los peritos de ese cuerpo recorren el predio de Ciudad Evita en busca de pruebas que puedan llevar a dilucidar quién mató a Rodolfo Orellana

Procurador confirmó que el militante de CTEP murió de un tiro en la espalda

Este sábado, un grupo de peritos de Gendarmería Nacional rastrillaban el predio de la localidad bonaerense de Ciudad Evita donde el militante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) Rodolfo Orellana fue asesinado el jueves durante un intento de toma de tierras, a fin de dar con alguna prueba que lleve a dilucidar quién fue el responsable.

El despliegue de efectivos se inició poco después de las 11 sobre el perímetro ubicado en la ruta 4 (ex Camino de Cintura) y autopista Riccheri, en la mencionada localidad del partido de La Matanza, oeste del conurbano.

Fuentes de ese cuerpo le indicaron a la agencia Télam que intentan encontrar algún casquillo tirado en el campo y otros elementos que ayuden a la investigación que lleva adelante el fiscal Jorge Yametti, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática Homicidios del Departamento Judicial La Matanza.

La bala que mató a Orellana, según la autopsia, ingresó por un omóplato y salió por la nariz, de manera que no pudo ser hallada dentro del cuerpo del militante, lo que dificulta determinar si pertenece o no al calibre que utiliza la Policía Bonaerense.

Ante la posibilidad de que esa fuerza pueda estar involucrada en el hecho, se dispuso que todos los peritajes los realice Gendarmería e integrantes del Ministerio Público Fiscal.

Por su parte, la fiscalía tomó declaración testimonial en las últimas horas a agentes policiales que estuvieron en el predio y que aseguraron que “hubo una refriega entre personas que portaban armas”, aseguró anoche el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand.

El jefe de los fiscales reiteró que los policías que estaban custodiando el predio no tenían armas de fuego sino postas de goma y que se está investigando si la muerte de Orellana se produjo “antes o después” de que se hiciera el pedido de refuerzos y llegaran al lugar Patrulleros de distintas comisarías con armas de uso habitual.

Conte Grand dijo a este medio que “Asuntos Internos aportó los nombres de los policías que estaban custodiando el predio y los que llegaron con posterioridad, información de las armas que tenían, su identificación y características”.

Además, aseguró que los efectivos entregaron las armas que portaban en ese momento para que sean sometidas a los peritajes correspondientes.

Por otro lado, el procurador ante la Suprema Corte dijo que “por el momento” no se logró la declaración de militantes de la CTEP que estaban en el predio cuando se produjo el crimen y aseguró que “hay una enorme resistencia porque tienen temor a quedar detenidos”, lo cual descartó.

Por ejemplo, pidió que se presente a declarar un hombre que llamó al 911 para pedir dos ambulancias, cuyo audio trascendió en las últimas horas, porque su testimonio “es muy importante” y dijo que el líder de CTEP, Juan Grabois, se comunicó con él para decirle que los policías armados estaban antes del crimen.

Sobre la historia del predio tomado, Conte Grand explicó que “una señora reivindica la titularidad dominial, hizo cesiones de derechos y después, ante reclamos y conflictos en el lugar, intervino la justicia federal, porque es predio nacional”.

“Es una telaraña judicial”, sostuvo el procurador, que agregó que la fiscal general de La Matanza había recibido en los últimos días a movimientos sociales que le manifestaron cierta preocupación por lo que estaba ocurriendo en el lugar.

Orellana fue asesinado el jueves, alrededor de las 6, en el predio ubicado en la ruta 4 y autopista Riccheri, en medio de una pelea entre dos grupos que querían tomar las tierras, situación a la que se sumó la intervención de las fuerzas de seguridad.

Tras el crimen, integrantes de movimientos sociales, organismos de derechos humanos y dirigentes políticos acusaron a las fuerzas de seguridad y repudiaron el supuesto ataque policial.

Además dieron a conocer una lista de cuatro detenidos a los que identificaron como Miriam Calizaya, Hugo Vedia, Wilson Delgado y Alanes Coria, quienes quedaron alojados en la comisaría este 3ra. de Ciudad Evita acusados de “usurpación”.

Para la titular de Correpi, lo de Orellana fue “un fusilamiento” de las fuerzas de Seguridad
Por su parte, la titular de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), María del Carmen Verdú, aseguró hoy que la muerte del militante de la CTEP fue “un fusilamiento” de las fuerzas de Seguridad.

“Lo caracterizamos como un asesinato en el marco de la represión a una situación de conflictividad social. La trayectoria del disparo no deja ninguna duda respecto de que se trató de un fusilamiento”, sostuvo la referente social acerca de la muerte de Rodolfo Orellana.

En diálogo con FM La Patriada, la abogada señaló que “los casos de represión estatal en el marco de hechos de reclamos de tierra y vivienda son probablemente los más frecuentes”.

“Estamos en condiciones de afirmar que estamos ante el tercer caso de una muerte en el marco de la represión a una situación de conflictividad social durante el Gobierno de Cambiemos: las otras fueron las de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel”, advirtió la letrada.

Finalmente, se refirió a la versión respecto a la posibilidad de que la muerte del militante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) se haya producido en el marco de un enfrentamiento entre las personas que intentaban tomar un predio en el partido bonaerense de La Matanza.

“Lo de se `mataron entre ellos´ es un largo y viejo recurso en este tipo de situaciones”, se quejó María del Carmen Verdú.

La muerte de Orellana se produjo el pasado jueves en medio de una toma de tierras en la localidad de Ciudad Evita y la CTEP responsabilizó a la Policía provincial por el hecho.

La causa por “averiguación de causales de muerte” está en la UFI Temática de Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza, a cargo del fiscal Jorge Yametti.

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